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Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social

“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el pasado viernes las líneas fundamentales de la futura reforma del Código Penal. Tal presentación no fue más que una maniobra publicitaria, dado que no vino acompañada por la publicación del Anteproyecto en la web del Ministerio, donde solo puede encontrarse un simple resumen del futuro texto legal.

Ante la falta de transparencia del Ministerio, he tenido que bucear en la red hasta poder tener acceso a un ejemplar del anteproyecto, de fecha 16 de julio, disponible en la web del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Dicho texto experimentará cambios antes de ser remitido a las Cortes en forma de proyecto de ley, pero en cualquier caso permite tener una idea objetiva de la reforma, no condicionada por la propaganda ministerial.

El Código Penal proyectado representa un nuevo retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en el año 1995. Los tratadistas de derecho penal acostumbran a referirse al Código Penal como “Constitución en negativo”: allí donde la Carta Magna establece derechos fundamentales, el Código Penal establece los límites de las libertades, las líneas rojas que no se deben traspasar.  Y en este sentido, el Código Gallardón deja en números rojos, en negativo, muchas de las libertades que tanto ha costado conseguir.

El establecimiento de la cadena perpetua revisable es, sin duda, el mayor retroceso penal desde la transición, y es de todo punto incompatible con el actual texto constitucional, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.  Pero no quiero analizar aquí exhaustivamente algo que, con toda seguridad, será debatido en profundidad durante toda la tramitación de la reforma. Prefiero centrarme en un aspecto muy preocupante del proyecto: la criminalización de las nuevas formas de resistencia social.

El proyectado artículo 559, citado al inicio de este artículo, constituye toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales. Se criminaliza la difusión de “mensajes o consignas” que inciten a la comisión de los delitos del artículo 558, “ o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Por si no causase inquietud la indefinición de dichos términos, obsérvese a qué delitos hace referencia el vigente artículo 558:

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

De entrar en vigor la reforma proyectada, puede ser objeto de proceso penal todos aquellos que envíen por Twitter, o cualquier otra red social, consignas “que sirvan para reforzar la decisión” de perturbar el orden en cualquier acto público de cualquier autoridad.

La reforma no se queda ahí. La nueva redacción de los artículos 550 y 554 hace desaparecer las palabras “resistencia activa” del Código Penal. Con ello se abre la vía a que la resistencia pasiva como la desarrollada por los colectivos de “Yayoflautas” o “Rodea el Congreso” pueda ser criminalizada, una intención que queda meridianamente clara al leer el texto del resumen facilitado por el Ministerio:

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Pero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Por si todo esto fuera poco, la reforma deroga el Libro III del Código Penal, y con ello desaparecen las faltas, para convertirse o bien en delitos leves, o bien en infracciones administrativas. Algo que en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad tiene consecuencias regresivas: los hurtos y los delitos contra la propiedad intelectual inferiores a 400 euros, que hasta ahora eran faltas, se convierten en delitos leves que generan antecedentes penales.

Acciones de protesta como las protagonizadas en supermercados por la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, o el menudeo conocido como “Top Manta” no quedarán en un simple juicio de faltas, sino que conducirán al banquillo de un juicio penal por delito.

El malestar social causado por los recortes de derechos fundamentales ha ido en aumento en los últimos años, y ha encontrado en los nuevos movimientos surgidos a la luz del 15-M formas de expresión novedosas, que jugaban al límite con las líneas rojas del Código Penal. La reforma Gallardón pretende adelantar tales líneas rojas, para situar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.

 

Fuente: eldiario.es

El Gobierno indulta en cuatro meses a 11 condenados de ‘cuello blanco’

Perdón oficial para sentenciados por delitos de corrupción y por estafar a inmigrantes.

Las declaraciones de altos dirigentes del PP para que el peso de la ley caiga sobre el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y los otros implicados en el asalto a dos supermercados ha puesto sobre la mesa una pregunta: la de si hay una sola vara de medir. De momento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuestiona no el rigor con que se juzgan los delitos pero sí la ecuanimidad compasiva del Gobierno. Entre el 17 de febrero y el 29 de junio, el Ejecutivo indultó nada menos que a 11 condenados de cuello blanco, todos ellos sujetos a penas de prisión. Los 11 indultos tienen carácter parcial –se conmuta la pena por otra inferior- pero, al fijar prisión máxima de dos años, que sólo se cumple si el destinatario tiene antecedentes, libra de la cárcel a los nueve que debían ser recluidos y levanta la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los dos restantes, ambos militares –José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- condenados  por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente del Yak 42.

En los primeros siete meses y medio del año, el Gobierno ha otorgado en total 299 indultos, lo que significa 75 indultos más que los aprobados en el mismo periodo de 2011 por el Ejecutivo de Zapatero. De los 299 beneficiados por la medida de gracia, 14 habían cometido el delito de robo con violencia, justamente aquel que el PP atribuye al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y sus seguidores por irrumpir en dos supermercados de los que robaron productos luego destinados a familias pobres.

De los 11 indultados de cuello blanco, seis  -cuatro del PP y dos de CiU- fueron sentenciados por corrupción. Otros tres –uno de los cuales, Constancio Alvarado, fue entre 2003 y 2005 secretario del subdelegado del Gobierno en Cáceres-, cuyo perdón no había trascendido hasta ahora, fueron condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes, aunque 11 meses después el Supremo les rebajó la pena: de cinco años de cárcel a  dos y medio al minorar la tipificación del delito. Oficialmente, ya no habían cometido estafa sino sólo falsedad documental. Según el Supremo, el fallo condenatorio no probó que los inmigrantes ignorasen “el espurio procedimiento empleado”. “No puede inferirse –aduce el alto tribunal- que el comportamiento de los acusados fuera determinante de engaño bastante para hacer creer a los receptores la legitimidad de los documentos que les entregaban”. Las cantidades pagadas a cambio de papeles llegaron a 3.000 euros.

La marea de indultos por delitos vinculados a la acción pública comenzó el 17 de febrero con el perdón para el ex alto cargo de Uniò Josep Maria Servitje, número dos de Treball con Jordi Pujol, y un empresario afín, Victor Manuel Lorenzo. Habían sido  condenados a cuatro años y medio y dos años y tres meses, respectivamente, por desviar fondos -7,5 millones de las antiguas pesetas- mediante el encargo de informes inútiles o directamente plagiados.

Según el diario El País, el tribunal sentenciador, la Audiencia de Barcelona, se había opuesto al indulto.
Los otros cuatro beneficiarios del perdón gubernamental son un exalcalde y tres exconcejales del PP de Valle de Abdalajís (Málaga). El antiguo regidor, Tomás Gómez Arrabal, fue condenado en 2009 a diez años y medio de cárcel por 12 delitos de prevaricación: dio licencias ilegales a sabiendas de que lo eran. Sus ediles salieron mejor parados y recibieron penas más cortas. Pero ninguno las cumplirá: aprobado el 29 de junio, el indulto conmuta sus penas por otras de dos años de prisión. Según el PP, Gómez Arrabal y sus subordinados firmaron permisos urbanísticos ilegales por “ exceso de generosidad”.

 

Fuente: financierodigital.es

"Los pobres van a perder el derecho a la Justicia"

Con los recortes de Esperanza Aguirre, los abogados de oficio han visto recortados sus honorarios más de un 50% desde 2004. Los detenidos podrían quedarse sin defensa a partir de Octubre. 

El Partido Popular, en su convicción de que recortando se va a salir de la crisis, está trastocando todas las instituciones públicas y, como ya ha ocurrido en Sanidad y Educación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en la vanguardia que traza el camino de hasta dónde pueden llegar con la tijera. Ahora le ha llegado el turno a la Justicia y, como pasa en otros servicios, los primeros afectados son precisamente los más desfavorecidos.

Aguirre ha puesto ahora en el punto de mira a los abogados de oficio, los que prestan una asistencia gratuita a aquéllas personas que han de defenderse ante la Justicia y que, a cambio de este servicio, reciben una pequeña aportación a modo indemnización por parte de la Comunidad. Sin embargo, la cantidad de esta asignación, que se otorga a cambio de mantener un derecho fundamental recogido en la Constitución, no se ha actualizado en los últimos nueve años y sigue siendo la misma que en 2003. Además, la Comunidad está pagando con una media de retraso de un año, aún les debe el cuarto trimestre de 2011, y si los abogados quieren cobrarla puntualmente han de acudir al 'confirming', pagando ellos mismos unos intereses del 5% a la entidad bancaria. Esta era la situación que se estaba dando hasta la fecha y que había motivado numerosas protestas por parte de los letrados. Pero ahora la presidenta ha dado un paso más y ha recortado los honorarios un 20%. De esta forma, los abogados cobrarán alrededor de un 50% menos de lo que percibían en 2004. 

Silvia Padrón, letrada y periodista, explica que ejercer de abogado de oficio "es algo casi altruista, recibimos una indemnización por el tiempo que gastas, no es una remuneración real. Estamos por vocación, por ayudar a la gente que no tiene recursos. Cobramos mucho menos que lo que le cobraríamos en cualquier caso". Para ella, este recorte es "indignante" puesto que de los presupuestos que maneja la Comunidad sólo un 0,03% va dirigido a la justicia gratuita, "una cantidad irrisoria que se dirige a salvaguardar un derecho fundamental".

Padrón explica a Público cómo "desde finales de 2010 la Comunidad ha emprendido una campaña de acoso y derribo contra todos los profesionales y funcionarios, acusándonos de cobrar de más y que se está ofreciendo asistencia gratuita a personas a las que no les corresponde". Sin embargo, como relata, la decisión de a quién se ofrece este servicio la toma una comisión del ejecutivo autonómico que no dependen de los propios letrados y que "a veces no funciona bien y se comete algún error". En cualquier caso, la responsabilidad no cae en ningún momento en el Colegio de Abogados.

Y para solucionar esta situación Esperanza Aguirre ha decidido cargar sobre los letrados la responsabilidad de controlar a cada persona para averiguar si realmente dispone de recursos para que no se produzca la estafa, lo que hasta ahora hacía la comisión. El abogado y miembro de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno Santiago Luengo Martín explica en un artículo que tienen que "defender a una persona generalmente muy humilde, en muchas ocasiones con graves problemas mentales y de drogadicción, que no ha solicitado los servicios de la administración de justicia y que, igualmente que tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tampoco tiene porqué facilitar sus datos personales sobre sus ingresos económicos". Así, al no rellenar los papeles con sus datos al acusado no se le reconoce el derecho de asistencia gratuita y el abogado queda sin cobrar.

Luengo, al igual que Padrón, creen que esto es un abuso y que deberían cobrar en todo caso y que luego sea la Comunidad la que investigue y actúe en consecuencia, "exactamente igual que sucede con cualquier prestación pública indebidamente percibida", como apunta el letrado en el artículo.

Además, la indignación particular de los letrados se ve acrecentada ahora con retención del 21% de impuestos que fue anunciado en el último paquete de recortes del ejecutivo de Mariano Rajoy. Luengo hace balance: "si sumamos a la rebaja del 20%, la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del IPC de estos 9 años, los abogados del Turno vamos a percibir cerca de un 50% menos en 2012 de lo que cobrábamos en 2003".

Con estas medidas Silvia Padrón entiende que lo que los conservadores pretenden es que "los pobres no tengan derecho a la Sanidad, ni a la Educación ni a la Justicia".

Frente a esto, la Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha anunciado este lunes que no habrá a partir del próximo octubre abogados de oficio para asistir a los detenidos, por lo que deberán ser puestos en libertad por los jueces. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la forma de protestar de la asociación. Silvia opina que "no debemos dejar el servicio, todo ser humano tiene derecho a una defensa justa". Lo que sí tienen claro unos y otros es que ha llegado el momento de plantar cara a los recortes.

 

Fuente: publico.es