Perdón oficial para sentenciados por delitos de corrupción y por estafar a inmigrantes.
Las declaraciones de altos dirigentes del PP para que el peso de la ley caiga sobre el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y los otros implicados en el asalto a dos supermercados ha puesto sobre la mesa una pregunta: la de si hay una sola vara de medir. De momento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuestiona no el rigor con que se juzgan los delitos pero sí la ecuanimidad compasiva del Gobierno. Entre el 17 de febrero y el 29 de junio, el Ejecutivo indultó nada menos que a 11 condenados de cuello blanco, todos ellos sujetos a penas de prisión. Los 11 indultos tienen carácter parcial –se conmuta la pena por otra inferior- pero, al fijar prisión máxima de dos años, que sólo se cumple si el destinatario tiene antecedentes, libra de la cárcel a los nueve que debían ser recluidos y levanta la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los dos restantes, ambos militares –José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente del Yak 42.
En los primeros siete meses y medio del año, el Gobierno ha otorgado en total 299 indultos, lo que significa 75 indultos más que los aprobados en el mismo periodo de 2011 por el Ejecutivo de Zapatero. De los 299 beneficiados por la medida de gracia, 14 habían cometido el delito de robo con violencia, justamente aquel que el PP atribuye al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y sus seguidores por irrumpir en dos supermercados de los que robaron productos luego destinados a familias pobres.
De los 11 indultados de cuello blanco, seis -cuatro del PP y dos de CiU- fueron sentenciados por corrupción. Otros tres –uno de los cuales, Constancio Alvarado, fue entre 2003 y 2005 secretario del subdelegado del Gobierno en Cáceres-, cuyo perdón no había trascendido hasta ahora, fueron condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes, aunque 11 meses después el Supremo les rebajó la pena: de cinco años de cárcel a dos y medio al minorar la tipificación del delito. Oficialmente, ya no habían cometido estafa sino sólo falsedad documental. Según el Supremo, el fallo condenatorio no probó que los inmigrantes ignorasen “el espurio procedimiento empleado”. “No puede inferirse –aduce el alto tribunal- que el comportamiento de los acusados fuera determinante de engaño bastante para hacer creer a los receptores la legitimidad de los documentos que les entregaban”. Las cantidades pagadas a cambio de papeles llegaron a 3.000 euros.
La marea de indultos por delitos vinculados a la acción pública comenzó el 17 de febrero con el perdón para el ex alto cargo de Uniò Josep Maria Servitje, número dos de Treball con Jordi Pujol, y un empresario afín, Victor Manuel Lorenzo. Habían sido condenados a cuatro años y medio y dos años y tres meses, respectivamente, por desviar fondos -7,5 millones de las antiguas pesetas- mediante el encargo de informes inútiles o directamente plagiados.
Según el diario El País, el tribunal sentenciador, la Audiencia de Barcelona, se había opuesto al indulto.
Los otros cuatro beneficiarios del perdón gubernamental son un exalcalde y tres exconcejales del PP de Valle de Abdalajís (Málaga). El antiguo regidor, Tomás Gómez Arrabal, fue condenado en 2009 a diez años y medio de cárcel por 12 delitos de prevaricación: dio licencias ilegales a sabiendas de que lo eran. Sus ediles salieron mejor parados y recibieron penas más cortas. Pero ninguno las cumplirá: aprobado el 29 de junio, el indulto conmuta sus penas por otras de dos años de prisión. Según el PP, Gómez Arrabal y sus subordinados firmaron permisos urbanísticos ilegales por “ exceso de generosidad”.
