Con los recortes de Esperanza Aguirre, los abogados de oficio han visto recortados sus honorarios más de un 50% desde 2004. Los detenidos podrían quedarse sin defensa a partir de Octubre.
El Partido Popular, en su convicción de que recortando se va a
salir de la crisis, está trastocando todas las instituciones públicas
y, como ya ha ocurrido en Sanidad y Educación, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en la
vanguardia que traza el camino de hasta dónde pueden llegar con la
tijera. Ahora le ha llegado el turno a la Justicia y, como pasa en otros
servicios, los primeros afectados son precisamente los más
desfavorecidos.
Aguirre ha puesto ahora en el punto de mira a los abogados de oficio, los que prestan una asistencia gratuita a aquéllas personas que han de defenderse ante la Justicia y que, a cambio de este servicio, reciben una pequeña aportación a modo indemnización por parte de la Comunidad. Sin embargo, la cantidad de esta asignación, que se otorga a cambio de mantener un derecho fundamental recogido en la Constitución, no se ha actualizado en los últimos nueve años y sigue siendo la misma que en 2003. Además, la Comunidad está pagando con una media de retraso de un año, aún les debe el cuarto trimestre de 2011, y si los abogados quieren cobrarla puntualmente han de acudir al 'confirming', pagando ellos mismos unos intereses del 5% a la entidad bancaria. Esta era la situación que se estaba dando hasta la fecha y que había motivado numerosas protestas por parte de los letrados. Pero ahora la presidenta ha dado un paso más y ha recortado los honorarios un 20%. De esta forma, los abogados cobrarán alrededor de un 50% menos de lo que percibían en 2004.
Silvia Padrón, letrada y periodista, explica que ejercer de abogado de oficio "es algo casi altruista, recibimos una indemnización por el tiempo que gastas, no es una remuneración real. Estamos por vocación, por ayudar a la gente que no tiene recursos. Cobramos mucho menos que lo que le cobraríamos en cualquier caso". Para ella, este recorte es "indignante" puesto que de los presupuestos que maneja la Comunidad sólo un 0,03% va dirigido a la justicia gratuita, "una cantidad irrisoria que se dirige a salvaguardar un derecho fundamental".
Padrón explica a Público cómo "desde finales de 2010 la Comunidad ha emprendido una campaña de acoso y derribo contra todos los profesionales y funcionarios, acusándonos de cobrar de más y que se está ofreciendo asistencia gratuita a personas a las que no les corresponde". Sin embargo, como relata, la decisión de a quién se ofrece este servicio la toma una comisión del ejecutivo autonómico que no dependen de los propios letrados y que "a veces no funciona bien y se comete algún error". En cualquier caso, la responsabilidad no cae en ningún momento en el Colegio de Abogados.
Y para solucionar esta situación Esperanza Aguirre ha decidido cargar sobre los letrados la responsabilidad de controlar a cada persona para averiguar si realmente dispone de recursos para que no se produzca la estafa, lo que hasta ahora hacía la comisión. El abogado y miembro de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno Santiago Luengo Martín explica en un artículo que tienen que "defender a una persona generalmente muy humilde, en muchas ocasiones con graves problemas mentales y de drogadicción, que no ha solicitado los servicios de la administración de justicia y que, igualmente que tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tampoco tiene porqué facilitar sus datos personales sobre sus ingresos económicos". Así, al no rellenar los papeles con sus datos al acusado no se le reconoce el derecho de asistencia gratuita y el abogado queda sin cobrar.
Además, la indignación particular de los letrados se ve acrecentada ahora con retención del 21% de impuestos que fue anunciado en el último paquete de recortes del ejecutivo de Mariano Rajoy. Luengo hace balance: "si sumamos a la rebaja del 20%, la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del IPC de estos 9 años, los abogados del Turno vamos a percibir cerca de un 50% menos en 2012 de lo que cobrábamos en 2003".
Con estas medidas Silvia Padrón entiende que lo que los conservadores pretenden es que "los pobres no tengan derecho a la Sanidad, ni a la Educación ni a la Justicia".
Frente a esto, la Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha anunciado este lunes que no habrá a partir del próximo octubre abogados de oficio para asistir a los detenidos, por lo que deberán ser puestos en libertad por los jueces. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la forma de protestar de la asociación. Silvia opina que "no debemos dejar el servicio, todo ser humano tiene derecho a una defensa justa". Lo que sí tienen claro unos y otros es que ha llegado el momento de plantar cara a los recortes.
Fuente: publico.es