Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres habrían obtenido cerca de 4,4 millones de euros de empresarios españoles y extranjeros
para figurar como patrocinadores en eventos contratados con las
Administraciones de la Comunidad Valenciana y Baleares, además de un
tercer foro con el Gobierno balear que nunca se llegó a realizar.
Así lo publica hoy el diario El País, que recoge parte de la última fase de investigación sobre la trama del Instituto Nóos que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Dicha investigación ha descubierto que al menos dos compañías privadas aportaron dinero a Nóos sin que conste que se devolviera o anulara el patrocinio pactado, ya que el foro para el que se obtuvieron los fondos no se llegó a celebrar.
La manera de actuar de Urdangarin y Torres a la hora de organizar foros de turismo y debate establecía de antemano la cantidad fija que exigían a las Administraciones, pese a que después normalmente lograban obtener financiación privada gracias a los patrocinios, lo que habría supuesto cantidades de dinero inferiores a las iniciales. Según el diario, hasta 42 grandes y medianos empresarios entregaron fondos, pero ninguno de ellos ha denunciado ni se ha presentado como parte perjudicada o interesada en la causa penal contral el marido de la Infanta Cristina.
Entre las empresas de patrocinio se encuentran Telefónica, Repsol, BBVA, Abertis, Arcelor, Price Waterhouse Cooper, Iberdrola, Gas Natural, Aguas de Valencia o los clubes de fútbol del Valencia y el Villarreal.
Sin embargo, no todo fueron patrocinios y donaciones, ya que también se chocaron en al menos tres ocasiones con entidades de Baleares que se negaron a colaborar, según ellas mismas han confirmado al diario. Un banco, una entidad gremial y una marca zapatera no quisieron figurar como patrocinadores del Foro Illes Balears por lo que se les solicitaba, en uno de los casos, 150.000 euros.
Horizonte complicado
La causa judicial contra Urdangarin y Torres, que lleva un año instruyendo el caso, podría concluir cuando el juez obtenga varios informes de la Agencia Tributaria y de tres comisiones rogatorias a distintos países. Ambos podrían sentarse en el banquillo en los próximos meses, imputados por desviar dinero público, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se enfrentan a una posible fianza de responsabilidad civil de unos cuatro millones de euros y a posibles penas de prisión por delitos graves de corrupción.
El juez instructor y el fiscal que investiga el caso en Palma de Mallorca consideran que tanto Torres como Urdangarin se enriquecieron con fondos públicos manipulando a las Administraciones que otorgaban ese dinero. Este efectivo que entraba en la entidad 'sin ánimo de lucro' para fines supuestamente altruistas acababa en empresas privadas lucrativas de los dos imputados.
Y para ello se han basado en que no se han encontrado documentos que acrediten la contabilidad de Nóos en los registros que se han llevado a cabo. Sí que encontraron contratos firmados de la Generalitat Valenciana y del Gobierno Balear con el instituto. Según El País, la documentación incautada incluye facturas que justificaban gastos efectuados meses antes de que se hubieran firmado los contratos para organizar los eventos.
Fuente: vozpopuli.com
Así lo publica hoy el diario El País, que recoge parte de la última fase de investigación sobre la trama del Instituto Nóos que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Dicha investigación ha descubierto que al menos dos compañías privadas aportaron dinero a Nóos sin que conste que se devolviera o anulara el patrocinio pactado, ya que el foro para el que se obtuvieron los fondos no se llegó a celebrar.
La manera de actuar de Urdangarin y Torres a la hora de organizar foros de turismo y debate establecía de antemano la cantidad fija que exigían a las Administraciones, pese a que después normalmente lograban obtener financiación privada gracias a los patrocinios, lo que habría supuesto cantidades de dinero inferiores a las iniciales. Según el diario, hasta 42 grandes y medianos empresarios entregaron fondos, pero ninguno de ellos ha denunciado ni se ha presentado como parte perjudicada o interesada en la causa penal contral el marido de la Infanta Cristina.
Entre las empresas de patrocinio se encuentran Telefónica, Repsol, BBVA, Abertis, Arcelor, Price Waterhouse Cooper, Iberdrola, Gas Natural, Aguas de Valencia o los clubes de fútbol del Valencia y el Villarreal.
Sin embargo, no todo fueron patrocinios y donaciones, ya que también se chocaron en al menos tres ocasiones con entidades de Baleares que se negaron a colaborar, según ellas mismas han confirmado al diario. Un banco, una entidad gremial y una marca zapatera no quisieron figurar como patrocinadores del Foro Illes Balears por lo que se les solicitaba, en uno de los casos, 150.000 euros.
Horizonte complicado
La causa judicial contra Urdangarin y Torres, que lleva un año instruyendo el caso, podría concluir cuando el juez obtenga varios informes de la Agencia Tributaria y de tres comisiones rogatorias a distintos países. Ambos podrían sentarse en el banquillo en los próximos meses, imputados por desviar dinero público, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se enfrentan a una posible fianza de responsabilidad civil de unos cuatro millones de euros y a posibles penas de prisión por delitos graves de corrupción.
El juez instructor y el fiscal que investiga el caso en Palma de Mallorca consideran que tanto Torres como Urdangarin se enriquecieron con fondos públicos manipulando a las Administraciones que otorgaban ese dinero. Este efectivo que entraba en la entidad 'sin ánimo de lucro' para fines supuestamente altruistas acababa en empresas privadas lucrativas de los dos imputados.
Y para ello se han basado en que no se han encontrado documentos que acrediten la contabilidad de Nóos en los registros que se han llevado a cabo. Sí que encontraron contratos firmados de la Generalitat Valenciana y del Gobierno Balear con el instituto. Según El País, la documentación incautada incluye facturas que justificaban gastos efectuados meses antes de que se hubieran firmado los contratos para organizar los eventos.
Fuente: vozpopuli.com